El tráfico en las autopistas nacionales de pago ha descendido un 30% desde que comenzó la crisis y esto supone regresas a niveles de finales de los años 90.
Las autopistas estatales de peaje registraron 17.193 vehículos de media en los diez primeros meses del año, una cifra que arroja un descenso del 30% y que supone remontarse a los niveles que se registraban hace quince años. Desde comienzos de 2012 hasta los últimos datos disponibles, el tráfico de estas vías se hundió un 10% frente al mismo periodo del año anterior y cerró como el peor mes de octubre que se recuerda desde 1997, con una media de 14.941 vehículos, según datos del Ministerio de Fomento.
Esta drástica caída del tráfico, el sobrecoste de las expropiaciones, la pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos, el incremento de los carburantes y la existencia -en muchas ocasiones- de carreteras gratuitas que cubren el mismo trayecto, ha llevado a seis autopistas de peaje al concurso de acreedores. A estos factores, hay que sumar la subida de los peajes anunciada por el Ministerio a finales de julio del pasado año y el incremento del IVA, que entró en vigor en septiembre de 2012, que han terminado de alejar a los conductores de estas vías.
Por la red de autopistas estatales de peaje, que desde que comenzó la serie histórica en 1990 se ha incrementado un 50% hasta los 2.559,5 kilómetros, circularon hasta octubre una media diaria de 2.129 vehículos pesados (camiones y autobuses), la menor cifra desde hace dieciocho años.
Con esta intensidad diaria, la utilización de las carreteras de peaje por parte de estos vehículos ha descendido un 10% en comparación con los diez primeros meses de 2011. Remontándonos a los niveles máximos que se registraban en 2002, el tráfico de los vehículos pesados ha descendido un 44% y un 40% desde el comienzo de la crisis.
Esto ha abocado a la AP-41, que conecta Madrid y Toledo; a la AP-36, que discurre entre Ocaña (Toledo) y La Roda (Albacete); a la R-3, entre Madrid y Arganda; a la R-4, cuyo trazado discurre desde la M-50 (Madrid) hasta Ocaña (Toledo); a la R-5, entre Madrid y Navalcarnero, y a la que discurre entre Cartagena (Murcia) y Vera (Almería) al concurso de acreedores, arrastradas por una deuda conjunta de más de 4.000 millones.
Para intentar aliviar los problemas económicos que atraviesan estas concesionarias, el Ministerio de Fomento recurrió a las cuentas de compensación y a los préstamos participativos, unas herramientas financieras que, según denuncia el sector, aún no se han abonado. De hecho, Accesos de Madrid, la sociedad gestora de las radiales R-3 y R-5, no descarta acudir a los tribunales para querellarse contra jueces y funcionarios por prevaricación ante las supuestas irregularidades que se han cometido en perjuicio del sector concesional español y los impagos de la Administración.