La
Policíaha llevado a cabo una nueva macrooperación contra la corrupción a la que ha bautizado con el nombre de
operación Enredadera en poblaciones de tres zonas:
Madrid,
Cataluña y
León. La trama, en la que están implicados empresarios, alcaldes y hasta policías locales, adjudicaba contratos administrativos a la empresa
Aplicaciones Gespol para colocar semáforos a cambio de comisiones y manipulaba los datos de tráfico y siniestralidad para justificar la colocación de radares donde no hacían falta, con finalidad puramente recaudatoria.
Según ha informado el
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el juzgado de instrucción número 2 de Badalona (Barcelona), que dirige la operación, ha ordenado
49 registros en varios ayuntamientos, despachos y sociedades, así como
19 requerimientos de documentación en varios municipios de al menos cinco autonomías distintas.
Se prevén más de cuarenta detenciones, entre cargos técnicos municipales, y casi cincuenta registros, por posibles amaños en la contratación de servicios para la regulación del tráfico.
Hay 39 detenidos, de los que 18 pasarán a disposición del mencionado juzgado de Badalona, y otros cinco a uno de Astorga (León), que ha abierto una pieza separada, han informado a Efe fuentes policiales. El resto será puesto en libertad.
Entre los arrestados figura el alcalde de Arroyomolinos,
Carlos Ruipérez,
primer regidor de Ciudadanos arrestado por corrupción. El juez ha autorizado la práctica de entradas y registros en los Ayuntamientos de
Alcobendas, Arroyomolinos, Fuenlabbrada, Huesca, Illescas, Lérida, Majadahonda, Mollet del Vallés, Oviedo, Parla, Pinto, Plasencia, Tiana, San Andrés del Rabanedo, Vélez Málaga, Villanueva de la Cañada, León, Palencia, Teruel, Torrelodones, y
Villarquilambre.
La causa, declarada secreta, está abierta por los delitos de prevaricación administrativa, fraude a la administración pública, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, revelación de información privilegiada, falsedad documental, cohecho, alteración de precios de concurso público y pertenencia a organización criminal.
Investigada la Diputación de AlicanteEl juzgado ha ordenado también pedir documentación en la
Diputación de Alicante y en los municipios de
Mataró,
Montgat,
Pineda del Mar,
Premià del Mar,
Rubí,
Aldea del Fresno,
Brunete,
El Escorial,
Galapagar,
Manzanares El Real,
Valdemorillo,
La Cistérniga,
El Puig,
Gandía,
Logroño,
O'Grove,
Sant Vicent del Raspeig y
Vitoria.
Los agentes se han personado en dependencias municipales a primera hora de la mañana, han colocado unidades en los accesos y han preguntado por las salidas de emergencia, para evitar cualquier fuga. El trabajo de los policías se centra en los departamentos de informática. Entre los detenidos hay autoridades públicas y funcionarios de los municipios.
En el centro de la operación se encuentra la empresa Aplicaciones Gespol SL, una filial del grupo
Sacyr, con sede en
Barcelona, que fue constituida en octubre de 2016 y que está especializada en aplicaciones para controlar el tráfico rodado. Los investigadores creen que habría amañado concursos públicos con la connivencia de políticos locales del
PSOE,
PP y
Ciudadanos. Los contratos que han solicitado los agentes en los ayuntamientos se remontan a los años 2010 y 2011.
La Policía está pidiendo a los ayuntamientos los contratos con Gespol, que tramita multas gracias a un convenio con la
Comunidad de Madrid.
Los hechos investigados podrían constituir delitos de prevaricación administrativa, fraude a la Administración pública, revelación de información privilegiada, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, falsedad documental por funcionario público y por particular, alteración del precio de concurso público y pertenencia a organización criminal.
El empresario
José Luis Ulibarri, investigado dentro de la trama del
caso Gürtel, se encuentra entre los detenidos.
Fuente: http://www.elmundo.es/espana/2018/07/03/5b3b1565e2704eb15d8b45aa.html